El RGPD establece determinados supuestos en los que una entidad tiene la obligación de nombrar a un Delegado de Protección de Datos y la LOPDGG incluye una lista concreta de estos casos, dentro de lo cuales, se encuentran los colegios profesionales, las empresas de telecomunicaciones, los centros sanitarios, etc.
Asimismo, la Directiva Europea conocida como Whistleblowing (Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2016) que tiene por objeto proteger a los denunciantes de prácticas corruptas en las empresas a través de mecanismos que garanticen un clima de confianza y cuya aplicación se retrotrae a enero de este año, obliga a las empresas de más de 50 empleados, entre otros, a contar con un Delegado de Protección de Datos. ¡Y ojo! Con independencia del número de empleados, también tendrán que contar con un canal interno de comunicaciones y con un Delegado de Protección de Datos todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones siempre que reciban fondos públicos para su financiación.
Conforme recientes informes de la AEPD son muchas las compañías que ya han designado a su Delegado de Protección de Datos, no obstante, lo consideran insuficiente.
Resulta evidente que esta obligación representa un coste adicional para las empresas, bien porque surge la necesidad de realizar nuevas contrataciones o bien, porque parece preciso reorganizar la plantilla a fin de reasignar una serie de funciones entre el personal con no suficientes cualificaciones en la materia.
Habida cuenta que la norma nos permite que esta figura sea interna o externa, cada vez más compañías optan por el Delegado de Protección de Datos externo como la solución, pues es una forma de reducir el riesgo y superar los retos de cumplimiento mediante el traspaso de la responsabilidad de las actividades de protección de datos a un equipo externo, experto en la materia, que va a velar por los intereses de la compañía y con unos fees acordes a las verdaderas necesidades de la organización.
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